domingo, agosto 27, 2006

¿Nueva Política Habitacional?

Acerca de la “Nueva Política Habitacional” anunciada por el Gobierno.
Hace ya un par de semanas, tras el escándalo que produjo el caso de las viviendas de 12 m2 entregadas por el gobierno en la comuna de Malloa (Rancagua), nuestras autoridades anunciaron la presentación de un nuevo decreto de ley, que daría pié para el desarrollo de una nueva Política Habitacional de Mejoramiento de la calidad e Integración Social.

Hasta la fecha, las soluciones habitacionales que se habían entregado denotaban una clara focalización del gobierno hacia la cantidad de viviendas (para reducir el déficit habitacional) descuidando totalmente el aspecto cualitativo. Vale decir, la calidad de las viviendas que se asignaban a los pobladores era tremendamente baja y la localización de éstas, siempre en la periferia de las ciudades, los relegaba a una situación de permanente carencia de servicios y equipamientos, manteniéndolos al margen de los espacios de educación, cultura, salud, participación política, etc.

El anuncio del gobierno se enmarca dentro de este contexto, y manifiesta que su preocupación ya no será tan sólo la cantidad, sino también “garantizar la calidad de las viviendas, mejorando su estándar y los procesos de diseño y construcción”, además de “promover la integración social, procurando soluciones habitacionales insertas en barrios y ciudades”. En términos concretos, se propone, entre otras cosas, aumentar el subsidio habitacional en 50 U.F. (lo que permitiría agregar un dormitorio más) y otorgar un subsidio diferenciado a la localización de las viviendas, es decir, un subsidio que permitiría acceder a mejores suelos para la vivienda social.

Si bien, a primera vista, este anuncio puede parecer muy beneficioso, existen algunos puntos sobre los cuales debemos llamar la atención.

En primer lugar, es necesario mencionar que la “Política Habitacional” es el espacio donde se encuentran los distintos sectores sociales que deberán definir la situación habitacional de nuestra población. Si comparamos la “antigua” política habitacional con la “nueva”, veremos que en este espacio se siguen encontrando los mismos sectores de siempre (autoridades gubernamentales, empresas constructoras, propietarios de terrenos, etc.) y, por lo tanto, los mismos intereses de siempre. Los eternos ausentes siguen siendo los pobladores, los que deben sufrir las decisiones, pero no tomarlas. La escasa y nula posibilidad de participación de los pobladores ha sido uno de los principales problemas de nuestro país en materia habitacional, lo que ha derivado en soluciones que no responden a las necesidades de nuestra población y que no hacen más que aumentar sus costos de vida y reproducir la pobreza. Sin embargo, la propuesta del gobierno no hace mención alguna acerca de esto.

En segundo lugar, si el gobierno quiere hablar de “calidad” de las viviendas sociales, entonces, habría que comenzar por la definición de éstas. La vivienda social, en nuestro país, no está definida por criterios de habitabilidad (como es el caso de cualquier otro recinto que se quiera diseñar), sino tan sólo por criterios económicos. No existen criterios ni requerimientos de dimensionamiento, iluminación, soleamiento, ventilación, etc.; que establezcan un límite a la especulación de las empresas constructoras. Establecer criterios de habitabilidad -que nazcan de un trabajo conjunto entre pobladores y profesionales- es una tarea fundamental para lograr una mayor coincidencia entre las viviendas que se entregan y las necesidades reales de nuestra población.

Por otra parte, podemos confiar en las buenas intenciones del gobierno, de querer entregar viviendas de no menos de 38 m2, pero hay aspectos fundamentales de las políticas habitacionales que condicionan en última instancia las voluntades de las autoridades. No debemos olvidar que quienes construyen son las empresas constructoras privadas y los suelos para construir se encuentran, en su gran mayoría, también en manos privadas (los terrenos del SERVIU no son ni abundantes ni amplios). Esto implica que cualquier voluntad del Gobierno se encuentra, finalmente, a merced de los costos de construcción que definen los empresarios y a merced de los valores de suelo que establecen los propietarios especuladores de terrenos. Son estos costos de construcción y estos valores de suelo los que determinarán la calidad constructiva de las viviendas, su superficie, su localización, etc. La propuesta del gobierno no menciona ningún mecanismo concreto de control y regulación sobre el sector privado para evitar un alza desmedida de dichos precios. De esta manera, el aumento en el monto del subsidio habitacional que se propone está destinado a convertirse en negocio redondo para empresarios y propietarios de terrenos, quienes podrán exigir mayores cantidades de dinero por construir y vender sus suelos, asegurando que una buena parte de los subsidios de nuestra población vayan a parar a sus propios bolsillos.

Para terminar, debemos aclarar que esta nueva propuesta de política habitacional que se anuncia no es una iniciativa que nazca de las buenas intenciones de nuestros gobernantes, sino el resultado de un largo proceso de lucha que han generado distintos actores populares (allegados, pobladores sin techo, deudores habitacionales, etc.) exigiendo dignidad y recuperando poco a poco su capacidad de determinar su propia vida. Es evidente que no resuelve los problemas fundamentales, pero sí abre nuevos caminos y potencialidades para las organizaciones que luchamos por el derecho a una vivienda digna para nuestra población, caminos que deberemos enfrentar con la firme convicción de que sólo luchando seguiremos avanzando hacia la construcción de una política habitacional que garantice la vida digna y no busque explotar las necesidades de los pobres.
por Yves Besancon

Declaración a la Opinión Pública

Somos la Agrupación de Pobladoras y Pobladores Sin Techo de Chile (APST-Chile), que reúne, organiza y coordina a pobladores/as concientes de sus necesidades de techo digno; necesidades que rescatamos del pasado histórico de luchas que nuestro pueblo ha realizado para alcanzar una vida plena.

Convencidos/as de esto, es nuestro deber como pobladores/as llevar a la práctica las acciones necesarias para buscar soluciones dignas, no sólo en el ámbito de la vivienda, sino en todos los aspectos que como pueblo pobre nos han sido negados. Sin embargo, la vivienda es un tema central en nuestra lucha, por ser el espacio que toda persona requiere para desarrollarse.

Como todos/as han podido dar cuenta a través de las noticias y de la observación directa de la lucha de los sin techo; el Estado chileno no ha querido asumir su responsabilidad ante uno de los derechos que le asiste a todo habitante de este país: vivir bajo un techo digno. Traspasando esta responsabilidad al mercado y a los privados, por medio de los planes de vivienda social “sin deuda”, donde prima el nivel de utilidad de las empresas constructoras, por sobre la calidad de la vivienda y el entorno a habitar. Esto contribuye a aumentar los niveles de segmentación de la población, generando un verdadero banco para la crianza de todo aquello que nos denigra como pueblo (delincuencia, drogadicción, violencia intrafamiliar, etc… asuntos que no deseamos). Pero casas pequeñas donde el patio es la calle, sumado a las escasas oportunidades de educación, de salud y trabajo, van creando el escenario marginal para que tales asuntos se permitan.

Tras el abandono por parte del Estado y la asunción de las empresas privadas que miran la vivienda como un negocio rentable para sus bolsillos, los únicos perjudicados somos los pobladores/ as que por no ser sujetos de crédito, creen que debemos conformarnos con viviendas estructuralmente débiles y pequeñas, lo que sólo fomenta el hacinamiento y la escasa privacidad; construcciones en los peores suelos urbanos de la periferia, en comunas en donde no hay trabajos en los cuales desempeñarnos, donde no hay escuelas para que vayan nuestros hijos, donde no hay consultorios ni el equipamiento necesario para el esparcimiento y recreación, todo lo cual transforma a estas áreas en entornos inseguros. A estas malas condiciones de habitabilidad se suman las malas condiciones de evacuación de aguas lluvias, de aislación térmica y acústica, llevando a un deterioro acelerado de la vivienda, con limitaciones para crecer y construir espacios urbanos sustentables en el tiempo.

Como Agrupación buscamos responsablemente generar cambios en las políticas habitacionales que no nos han favorecido ni favorecen, para así establecer barrios y comunas que recojan el pasado histórico de nuestras ciudades, con personas comprometidas con el desarrollo económico, político y social de su entorno; buscamos ser artífices de unidades vecinales que tengan como centro el valor del sujeto solidario y activo, que mira al porvenir como una construcción realizada por todos/as, y no como una consecuencia de la asistencia por parte de las llamadas autoridades. En nuestra acción reconocemos al poblador/a como el sujeto que realizará el sueño de la vivienda digna, aspirando a la construcción de barrios donde la participación popular se exprese en todos sus rincones.

En lo concreto estamos trabajando en una propuesta arquitectónica de viviendas económicas de calidad, con una densidad de barrio amable que otorgue las condiciones necesarias para acabar con el hacinamiento, por tanto, apuntamos a viviendas flexibles al crecimiento. Apuntamos a generar poblaciones en medio de un entorno expedito a las fuentes laborales, consultorios, escuelas y espacios para la recreación, es decir, buscamos crear un entorno sustentable en el tiempo y que, a su vez, vele por la protección del medio ambiente.

Nuestro compromiso busca elevar la calidad de vida en los centros urbanos, obligando al Estado y a los gobiernos de turno a asumir la responsabilidad que les compete, ya que estamos convencidos/as de que estamos en condiciones para decidir cómo queremos seguir viviendo. Para el desarrollo de nuestro proyecto es indispensable generar las condiciones que nos permitan, en conjunto con otras organizaciones que se encuentran peleando, terminar con el sistema neoliberal. Este sistema que guía las políticas habitacionales del Estado, no sólo nos afecta a nosotros/as como allegados/as o arrendatarios/as, sino a una gran mayoría que hoy se encuentra excluida, como los hermanos de clase que hoy se esfuerzan peleando por un sueldo digno; nuestros niños y jóvenes que luchan por una educación de calidad; los miles de deudores habitacionales que se encuentran en pie para que el sueño de la casa propia no les sea rematado; los mineros que luchan por seguridad en sus trabajos; los pescadores artesanales a quienes les restringen las áreas de pesca, es decir, su fuente laboral; los cesantes; los mapuches que incansablemente han peleado para que sus tierras no les sean arrebatadas...

Nos comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios para construir los puentes de acceso a la articulación de todos los/as luchadores/as sociales que se encuentran en alza y desde ahí generar la unidad.