¿Nueva Política Habitacional?

Acerca de la “Nueva Política Habitacional” anunciada por el Gobierno.

Hace ya un par de semanas, tras el escándalo que produjo el caso de las viviendas de 12 m2 entregadas por el gobierno en la comuna de Malloa (Rancagua), nuestras autoridades anunciaron la presentación de un nuevo decreto de ley, que daría pié para el desarrollo de una nueva Política Habitacional de Mejoramiento de la calidad e Integración Social.

Hasta la fecha, las soluciones habitacionales que se habían entregado denotaban una clara focalización del gobierno hacia la cantidad de viviendas (para reducir el déficit habitacional) descuidando totalmente el aspecto cualitativo. Vale decir, la calidad de las viviendas que se asignaban a los pobladores era tremendamente baja y la localización de éstas, siempre en la periferia de las ciudades, los relegaba a una situación de permanente carencia de servicios y equipamientos, manteniéndolos al margen de los espacios de educación, cultura, salud, participación política, etc.

El anuncio del gobierno se enmarca dentro de este contexto, y manifiesta que su preocupación ya no será tan sólo la cantidad, sino también “garantizar la calidad de las viviendas, mejorando su estándar y los procesos de diseño y construcción”, además de “promover la integración social, procurando soluciones habitacionales insertas en barrios y ciudades”. En términos concretos, se propone, entre otras cosas, aumentar el subsidio habitacional en 50 U.F. (lo que permitiría agregar un dormitorio más) y otorgar un subsidio diferenciado a la localización de las viviendas, es decir, un subsidio que permitiría acceder a mejores suelos para la vivienda social.

Si bien, a primera vista, este anuncio puede parecer muy beneficioso, existen algunos puntos sobre los cuales debemos llamar la atención.

En primer lugar, es necesario mencionar que la “Política Habitacional” es el espacio donde se encuentran los distintos sectores sociales que deberán definir la situación habitacional de nuestra población. Si comparamos la “antigua” política habitacional con la “nueva”, veremos que en este espacio se siguen encontrando los mismos sectores de siempre (autoridades gubernamentales, empresas constructoras, propietarios de terrenos, etc.) y, por lo tanto, los mismos intereses de siempre. Los eternos ausentes siguen siendo los pobladores, los que deben sufrir las decisiones, pero no tomarlas. La escasa y nula posibilidad de participación de los pobladores ha sido uno de los principales problemas de nuestro país en materia habitacional, lo que ha derivado en soluciones que no responden a las necesidades de nuestra población y que no hacen más que aumentar sus costos de vida y reproducir la pobreza. Sin embargo, la propuesta del gobierno no hace mención alguna acerca de esto.

En segundo lugar, si el gobierno quiere hablar de “calidad” de las viviendas sociales, entonces, habría que comenzar por la definición de éstas. La vivienda social, en nuestro país, no está definida por criterios de habitabilidad (como es el caso de cualquier otro recinto que se quiera diseñar), sino tan sólo por criterios económicos. No existen criterios ni requerimientos de dimensionamiento, iluminación, soleamiento, ventilación, etc.; que establezcan un límite a la especulación de las empresas constructoras. Establecer criterios de habitabilidad -que nazcan de un trabajo conjunto entre pobladores y profesionales- es una tarea fundamental para lograr una mayor coincidencia entre las viviendas que se entregan y las necesidades reales de nuestra población.

Por otra parte, podemos confiar en las buenas intenciones del gobierno, de querer entregar viviendas de no menos de 38 m2, pero hay aspectos fundamentales de las políticas habitacionales que condicionan en última instancia las voluntades de las autoridades. No debemos olvidar que quienes construyen son las empresas constructoras privadas y los suelos para construir se encuentran, en su gran mayoría, también en manos privadas (los terrenos del SERVIU no son ni abundantes ni amplios). Esto implica que cualquier voluntad del Gobierno se encuentra, finalmente, a merced de los costos de construcción que definen los empresarios y a merced de los valores de suelo que establecen los propietarios especuladores de terrenos. Son estos costos de construcción y estos valores de suelo los que determinarán la calidad constructiva de las viviendas, su superficie, su localización, etc. La propuesta del gobierno no menciona ningún mecanismo concreto de control y regulación sobre el sector privado para evitar un alza desmedida de dichos precios. De esta manera, el aumento en el monto del subsidio habitacional que se propone está destinado a convertirse en negocio redondo para empresarios y propietarios de terrenos, quienes podrán exigir mayores cantidades de dinero por construir y vender sus suelos, asegurando que una buena parte de los subsidios de nuestra población vayan a parar a sus propios bolsillos.

Para terminar, debemos aclarar que esta nueva propuesta de política habitacional que se anuncia no es una iniciativa que nazca de las buenas intenciones de nuestros gobernantes, sino el resultado de un largo proceso de lucha que han generado distintos actores populares (allegados, pobladores sin techo, deudores habitacionales, etc.) exigiendo dignidad y recuperando poco a poco su capacidad de determinar su propia vida. Es evidente que no resuelve los problemas fundamentales, pero sí abre nuevos caminos y potencialidades para las organizaciones que luchamos por el derecho a una vivienda digna para nuestra población, caminos que deberemos enfrentar con la firme convicción de que sólo luchando seguiremos avanzando hacia la construcción de una política habitacional que garantice la vida digna y no busque explotar las necesidades de los pobres.

por Yves Besancon