La primera oportunidad en que, como Agrupación de Pobladoras y Pobladores Sin Techo, nos dirigimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y al Serviu, fue para plantear formalmente una serie de inquietudes y propuestas acerca de las Políticas Habitacionales en nuestro país.
Evidentemente, uno de los temas más conflictivos fue el problema del acceso de los pobres a los terrenos urbanos. En este asunto, el Minvu y el Serviu tienen una responsabilidad innegable, pues han postergado permanentemente su labor de planificación urbana y no han tenido ninguna vergüenza en fomentar y beneficiarse de la especulación con los terrenos, mientras miles de familias no tienen un lugar para vivir.
Frente a esta situación, nuestra propuesta consistió en exigir a estos organismos gubernamentales que implementaran una política de expropiación amable de terrenos desocupados en cada comuna, para construir viviendas para los pobladores allegados. La respuesta que recibimos fue que la expropiación no estaba dentro de los planes del Minvu y el Serviu, y que el asunto se podía resolver de otro modo. Se ofrecieron para apoyar el proceso de acceso a terrenos para nuestra agrupación, mediante asesoría técnica, negociaciones con propietarios, etc.; mientras nosotros nos ocupábamos de recopilar datos y antecedentes de los terrenos disponibles en cada comuna, para evaluar la factibilidad técnica y económica de hacer uso de ellos.
Hasta la fecha, hemos presentado, al Serviu, una buena cantidad de terrenos con los antecedentes respectivos, los cuales han sido visitados por miembros de nuestra agrupación en conjunto con el Sr. Juan Morales (Serviu). De todos estos terrenos potenciales, no ha habido absolutamente ninguno con el cual hayamos podido avanzar para concretar una solución habitacional para los pobladores.
El primer problema con que nos hemos encontrado ha sido la imposibilidad de aplicar el Subsidio a la localización. Cualquier terreno, para recibir este subsidio, debe cumplir con una serie de requisitos (estar a no màs de 1500m de un consultorio, no más de 800m de un establecimiento educacional, contar con determinadas vías de acceso, contar con locomoción colectiva y encontrarse dentro del límite urbano). Si el terreno cumple con todos estos requerimientos, debe además tener un valor comercial inferior a 1,8 UF/m2, pues el subsidio no alcanza para terrenos más costosos, entre otras cosas, porque el monto que se entrega (máximo 150 UF) se calcula en proporción al valor fiscal del terreno, que siempre está muy por debajo del valor comercial. En definitiva, el Subsidio a la Localización no presenta, en términos concretos, una alternativa viable para el acceso de los pobres a los suelos urbanos, pues, después de dos meses de búsqueda, hemos comprobado que los terrenos que cumplen con todos los requisitos son muy escasos.
El segundo problema que se nos presenta, en caso de encontrar un terreno que pueda ser postulado para recibir el subsidio a la localización, es el Compromiso de Compra y Venta.
La única manera de garantizar que un terreno determinado se encontrará disponible para los pobladores al momento de recibir su subsidio habitacional, es firmando un compromiso de compra y venta con el propietario. Éste exige, para esto, el pago inmediato de un porcentaje determinado del valor comercial de la propiedad, lo que presenta un tremendo obstáculo, pues ningún poblador se encuentra en condiciones de desembolsar esa cantidad de dinero (el ahorro previo de 10 UF ya implica bastante esfuerzo). Nuestra única posibilidad de comprar el terreno está en esperar la asignación de los subsidios habitacionales, pero para entonces el terreno, seguramente, se habría vendido.
En resumidas cuentas, no existe ninguna garantía de terrenos disponibles para los pobladores, y el gobierno, a través de sus organismos de planificación habitacional, ofrece alternativas que son muy difíciles de aplicar. Se nos imponen una serie de condicionantes de tipo técnico para optar a los suelos para viviendas, cuando en realidad, el problema proviene de la falta de voluntad política, por parte de nuestras autoridades, para responder a la demanda habitacional de nuestra población.
Ya han transcurrido dos meses de conversaciones con el Serviu, en que hemos cumplido con todos los pasos que nos han solicitado, y no hemos logrado ningún avance sustancial hacia los terrenos que necesitamos. Podemos continuar varios meses más en la misma dinámica, a menos que seamos capaces de dar un nuevo impulso, un nuevo llamado de alerta al gobierno y a la opinión pública, con más fuerza y convicción en la legitimidad de nuestra lucha, para que esta vez no quepa duda alguna de que, cuando decimos que vamos a luchar por nuestra vivienda digna, hablamos en serio.
Es por esta razón que hemos decidido realizar una nueva movilización, una marcha hacia La Moneda y luego hacia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de comunicar al gobierno nuestras demandas e instalarlas decididamente en la opinión pública, y exigir que se evalúe seriamente nuestras propuestas:
1. Separación de la postulación al subsidio habitacional del Fondo Solidario en:
Una primera postulación al Subsidio a la Localización, de manera que los comités de allegados puedan recibir el dinero para realizar el compromiso de compraventa de los terrenos lo antes posible.
Y una segunda postulación para recibir el subsidio para la construcción de la vivienda, presentando el proyecto habitacional teniendo la garantía de un terreno adecuado.
2. Compromiso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Serviu, y de todos los organismos estatales de planificación, de aplicar el artículo n° 50 de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, el cual autoriza al Serviu a modificar el uso de suelo de un terreno para la ejecución de un proyecto de dicho organismo, entendiendo como “proyecto Serviu” todo proyecto que reciba el subsidio habitacional del Fondo Solidario de Vivienda. El objetivo de esta propuesta es garantizar que, en caso de existir terrenos disponibles para los proyectos habitacionales, que cumplan con todos los requisitos para postular al Subsidio a la Localización, el uso de suelo asignado por el Plan Regulador no sea un impedimento para que los comités de allegados puedan obtenerlos.
3. Aumentar el Puntaje máximo para la postulación al Fondo Solidario, en la Ficha CAS, a 650 puntos, para disminuir el número de familias que se ven obligadas a endeudarse con la Banca privada para poder acceder a su vivienda digna.
4. Que el Serviu asuma su labor como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), para la postulación de los proyectos habitacionales al Fondo Solidario de Vivienda, de manera que, en la elaboración, ejecución y fiscalización de éstos, los pobres dejen de estar a merced de las empresas privadas.
¡Para vivir con Dignidad, a conquistar lo que es Nuestro!
Agrupación de Pobladoras y Pobladores Sin Techo